Prevención de lavado de activos y Covid 19

Las políticas públicas de prevención en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) dependen en gran medida de la actuacion eficaz por parte de los “Sujetos Obligados” quienes tienen el deber de reportar operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF), quien será la encargada del análisis, tratamiento y transmisión de la información a los efectos de la prevención del lavado de activos. Las entidades financieras poseen un rol preponderante en el funcionamiento del sistema de control, por los riesgos inherentes a su actividad, cuanto por el volumen y complejidad de sus transacciones. Con el correr del tiempo y el avance tecnológico, han desarrollado sistemas cada vez más completos para la detección de los riesgos asociados a esta normativa, llevándose a cabo por lo general la través de softwares desarrollados “in house”, donde se plasman las matrices de riesgos y se parametrizan estándares locales y universales que servirán para el análisis de “red flags”, como operatorias que superen el perfil transaccional habitual del cliente, operatorias desde o hacia países de alto riesgo, desde o hacia zonas limítrofes y fronterizas, entre muchos otros. Dichas conductas, generadoras de alertas, pueden constituir indicios sobre la posible comisión del delito de lavado de activos y ponen en marcha procesos administrativos internos a la entidad financiera, pudiendo arribar al resultado final de emisión de un ROS. Los parámetros de riesgos se crean y actualizan constantemente, a la par del devenir de las formas y modalidades que adoptan las actividades delictivas. Es por eso que las distintas agencias de gobierno e instituciones y organis-mos internacionales como “advisories”, emiten recomendaciones sobre amenazas y vulnerabilidades, determinando alertas que facilitan el monitoreo y orientan sobre el cumplimiento de las regulaciones. Y solo hasta allí llega la obligación legal de una entidad financiera para no ser sancionada, no poseyendo la misma prerrogativa alguna en la persecución penal, función que está bajo la órbita del poder judicial, obligado a investigar y juzgar en definitiva, si hubiere delito. Si bien la Financial Crimes Enforcement Network dependiente del Departamento del Tesoro los Estados Unidos (FinCEN) este año ha sido noticia por la filtración de miles de documentos, exponiendo a los grandes bancos como “facilitadores” del lavado de billones de dólares alrededor de todo el planeta, también ha emitido un documento contextualizado a las circunstancias de pandemia: “A Scams Related to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”, en el cual se detallan señales de alerta respecto de maniobras de fraude y estafas relacionadas con la pandemia. Algunas de ellas son transacciones relacionadas con la venta de suministros médicos a través de cuentas personales; detección a través de búsquedas por internet de ventas domiciliarias de test para la detección de covid-19, vacunas, etc.; detección de imágenes de marca de un producto distintas de las imágenes del producto legítimo, pudiéndose tratar de falsificaciones; que el comerciante anuncia la venta de productos muy solicitados relacionados con la pandemia a precios distorsionados, pudiendo ser muy reducidos o muy inflados; que el comerciante no tenga una amplia historia corporativa o que el comerciante esté ubicado en una jurisdicción de alto riesgo; que el comerciante se muestre reacio a proporcionar la cliente facturas; que el cliente comience a usar sus cuentas personales para transacciones comerciales después de enero de 2020 y cree una empresa de suministros médicos o vende on line productos muy solicitados como desinfectantes para manos, barbijos, productos de limpieza, etc.; que las cuentas del cliente reciban o envíen transferencias electrónicas de fondos hacia o desde una empresa de reciente creación que no tenga presencia física conocida; que el cliente realice depósitos inusualmente grandes que son inconsistentes con su perfil transaccional o historial financiero de la cuenta; etc. Por su parte, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtió sobre la necesidad de gestionar nuevas respuestas a nuevos modalidades de ciberdelitos como son el phishing por correo electrónico, malaware insertados a partir de “preocupaciones sobre Covid-19”, el aprovechamiento de debilidades generadas por el trabajo remoto y el uso de redes sin seguridad, utilización de correos electrónicos falsos en simulaciones para cometer estafas, muchos casos de ransomware, etc. Otras modalidades que no pierden vigencia y han vuelto a tener cierto auge son las estafas tipo esquema Ponzi, y un gran problema son los Mixers de cripto monedas, cuyo accesos se da exclusivamente a través de la Deep Web y que consiste en una herramienta para aumentar el anonimato de las transacciones, a partir de la mezcla de criptomonedas en “vasos” para luego volver “limpias” al remitente o nuevo propietario, perdiendo toda posibilidad, aún remota, de trazabilidad. Desde luego que ello no solo afecta al sector privado, habiendo tenido gran impacto las malversaciones cometidas por funcionarios corruptos, en países donde la transparencia es poca y no hay sistemas de rendición de cuentas claros. Los sistemas ilícitos se nutren también de la falta de debidas diligencias en las contrataciones con el sector público, y en el sector privado el due diligence a terceros muchas veces resulta insuficiente. Imposible leer y no hallar paralelismos, quizás el hecho paradigmático que inauguró y marcó tendencia en nuestro ámbito local nacional ocurrido en pandemia fue el “barbijo gate”, pero lamentablemente no ha sido el único, sino más bien el primero del que tuvimos noticias, allá por marzo del corriente año. Esta clase de hechos se han repetido a lo largo de todo el territorio nacional, las estafas al erario pre concertadas entre el sector público y privado han florecido, afectando las tan golpeadas y degeneradas economías locales y el espíritu de una sociedad que se muestra inerte y acostumbrada, y sobretodo, sumisa y sometida a un control estatal excesivo, vulnerador de derechos y quebranta-dor de voluntades. Será que no son suficientes las advertencias ni la gestión del control solamente por parte de los sujetos obligados, será que es necesario actualizar las políticas de anticorrupción del sector público, de manera de potenciar herramientas antifraude para una correcta mitigación de riesgos . La crisis como oportunidad, un concepto susceptible de adquirir sesgos despreciables.

Por Florencia Márquez Bonino

https://www.linkedin.com/in/florenciamarquezbonino/

Fuentes: 1.- “Alertas para prevenir el Lavado de Activos en la pandemia del COVID-19” – Mg. Andrés Kores – www.fidesnet.com.ar 2.-https://www.infobae.com/politica/2020/05/17/barbijos-gate-2-desaparecieron-160-millones-y-rastrean-transferencias-a-decenas-de-empresas/ 3.-https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54227348 4. https://www.prevenciondelavado.com/portal/(X(1)S(rzsk5hw2ai1hd5pj5bumsfgb))/nota_gratuita.aspx?codigo=124154&cd_producto=OYNMX&nm_origen=Home&AspxAutoDetectCookieSupport=1 5.- http://www.worldcomplianceassociation.com/2685/articulo–el-covid-19-abrio-las-puertas-para-una-nueva-ola-de-lavado-de-activos.html#.X8hIDooX_c8.whatsapp



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